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Productores repudian a juez porque liberó a un portador ilegal de armas.
Fuente: ABC Color

La Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) lamenta que el juez penal de Caaguazú, Abog. Ángel Rafael Baranda, haya beneficiado a un imputado por portación ilegal de armas de fuego (una de ellas usada por francotiradores) en el distrito caaguaceño de Tembiaporã. El gremio anuncia un “tractorazo” para repudiar esa acción de la Justicia y para exigir seguridad en el campo.

El presidente de la CAP, Hermes Aquino, afirmó ayer a nuestro diario que los productores se sienten indignados porque aparentemente existe una “justicia pronta y barata para los bandidos”, mientras la gente trabajadora del campo vive en zozobra.

Hizo referencia a la libertad provisoria, previo pago de fianza, otorgada por el juez Baranda a Carmelo Torres Núñez, imputado por portación ilegal de armas de fuego y producción de riesgos comunes en Tembiaporã. En poder de Torres, la Policía encontró e incautó el domingo pasado un arma de fuego tipo rifle, marca “Savage Axis”, calibre 223, de procedencia USA, con mira telescópica, más un cargador y dieciocho cartuchos sin percutir del calibre 5.56; también un revólver “Rossi”, calibre 38, niquelado, de origen brasileño, con tres cartuchos vivos sin percutir y dos vainillas servidas y percutidas en los alveolos.

Al respecto, el presidente de la CAP cuestionó duramente la actuación del juez, quien según los datos es conocido en la zona por beneficiar a procesados con frondosos antecedentes y en este caso, Torres tiene otras causas abiertas relacionadas al hecho punible de invasión de inmueble ajeno.

Para los productores, la situación de inseguridad ya se volvió insostenible, sobre todo después de los dos recientes asesinatos de colonos en Alto Paraná. Por eso, prevén realizar un “tractorazo” a mediados de este mes, con miras a exigir que la Justicia actúe en beneficio de la sociedad, conforme a derecho.

Pasa la pelota a fiscala

ABC conversó también con el juez Baranda, quien defendió su resolución y se lavó las manos, diciendo que la fiscala del caso María Inés Álvarez no aportó evidencias. “Lo que pasa es que el hecho punible por el cual fue imputado fue el Art. 95 de la ley de Armas, con expectativa de pena de hasta 5 años. Por lo tanto, la ley le faculta al juez a tomar medidas (alternativas a la prisión). Pero no es solamente eso; también fueron encontradas dos armas en su poder, pero sobre la que podría ser más peligrosa, el imputado tiene carnet de portación. Entonces se fue atenuando su responsabilidad”, explicó.

Agregó que la fiscala del caso no aportó los elementos en el expediente que permitan vincular al imputado con la actividad de francotirador y que si bien Torres tiene procesos abiertos, no posee condena. “Entonces no tiene antecedentes”, alegó.