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Deuda Pública crece y la Capacidad de Pago disminuye.
Fuente: ABC Color

Borda realiza un análisis sobre la matriz salarial, el tercer aguinaldo de los funcionarios públicos, el nuevo sistema de ajuste del salario mínimo para el sector privado y hace hincapié en la deuda pública del país porque considera que: "Resulta particularmente preocupante el aumento de la emisión de los bonos internacionales y nacionales porque no será suficiente combatir la evasión, como única arma, para aumentar el ingreso"

Sostiene que más temprano que tarde, la administración tributaria deberá disminuir drásticamente las exoneraciones fiscales y emprender una reforma del sistema impositivo, ya que la presión tributaria actual está en el orden de 13% del producto interno bruto (PIB) y, según un estudio realizado por un organismo internacional, el país necesita alcanzar el promedio de la región, de 18% del PIB.

El exministro de Hacienda afirma que “eso no es todo” teniendo en cuenta que el Gobierno está embarcado también en el financiamiento privado de obras públicas, a través de “proyectos llave en mano” que la Ley 5074/13 autoriza. “Con esta modalidad piensa endeudar al país para la construcción de alcantarillados sanitarios por un valor de US$ 500 millones y para reconstruir la Ruta Transchaco por otros US$ 600 millones”, puntualiza.

Añade que “la deuda de este tipo se caracteriza por plazos más cortos y costos más elevados que los préstamos multilaterales, y está expuesta a sobrecostos de obras y de financiamiento, con el agravante del escaso control y fiscalización sobre las empresas privadas adjudicadas”.

Borda advierte que “si las empresas llegaran a no pagar las deudas contraídas, el Tesoro deberá hacerse cargo de las obligaciones financieras como ya ocurrió en el caso de Corposana. Hasta ahora, peligrosamente, la competencia entre empresas interesadas ha sido escasa, hasta el punto de que termina por presentarse una única empresa en la licitación del citado proyecto vial”.

El análisis puntualiza que está a favor de la mayor inversión en infraestructura, pero sin que vaya más allá de la capacidad de gestión del sector público y siempre que el servicio de la deuda pueda ser cumplido sin entrar en un acelerado proceso de “bicicleteo financiero”.

Es categórico al señalar que “no es posible mejorar la capacidad de gestión en el corto plazo porque se trata de un proceso que toma tiempo. Entonces, acelerando las inversiones más allá de la capacidad de diseño, ejecución y fiscalización de las obras de nuestras instituciones solo estaremos incrementando los riesgos y repitiendo las historias de obras que se destartalan mucho antes del fin de su vida útil”.