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Función delegada, pero bonificación cobrada.
Fuente: ABC Color

La Corte, por una acordada del 2013, había delegado la administración presupuestaria del Poder Judicial al Consejo de Administración, cuyos miembros perciben por esa gestión, además del sueldo y gasto de representación, una bonificación de más de G. 10 millones. Por esa tarea encargada a los consejeros, los ministros cobran al mes G. 9 millones. Argumentan “responsabilidad en el cargo”.

Por Acordada N° 865, del 10 de diciembre de 2013, los ministros de la Corte crearon el Consejo de Administración del Poder Judicial.

El alto tribunal delegó a dicho consejo la administración presupuestaria, contable y patrimonial del Poder Judicial. El objetivo fue precisamente liberar a los ministros de las cuestiones administrativas, para que puedan dedicar más tiempo a la gestión jurisdiccional. Fue ante las críticas de varias organizaciones ciudadanas.

Además de los cuatro consejeros, el consejo está integrado por el presidente de la Corte y un ministro designados por sus pares. Este año recayó en Alicia Pucheta y Raúl Torres Kirmser.

Sin embargo, pese a haber delgado funciones, desde este año los miembros de la máxima instancia judicial perciben mensualmente entre G. 9 y 12 millones, por “responsabilidad en el cargo”, al ser supuestamente ordenadores de gasto. Empero, esta tarea solo la cumplen los dos ministros que conforman el consejo y los miembros de dicho órgano.

Según los antecedentes, por resolución número 2202/14, los ministros se autoasignaron la bonificación, que además perciben los integrantes del consejo. Es decir, que los miembros de la máxima instancia judicial estarían cobrando por una función que delegaron.

Luego de la “matriz salarial” aprobada en el 2014 e implementada desde el año pasado, los ministros y demás funcionarios judiciales y de otros poderes del Estado no deberían percibir ningún tipo de bonificación.

Empero, en la Corte se amparan en la Ley 5554, de presupuesto de este año, que en su artículo 39 autoriza bonificaciones de hasta el 30 por ciento del salario y de hasta 50% para los ordenadores de gastos.

Alegan que la ley aprobada por el Congreso, a propuesta del Ejecutivo, autoriza no solo al Poder Judicial, sino también a los demás poderes a paguen una bonificación a funcionarios.

Sin embargo, la ley dice que “podrá”. Es decir, que depende de la voluntad de las autoridades judiciales y de los otros poderes, seguir pagando bonificaciones, que se debieron suprimir con la nueva “matriz salarial”.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración del Poder Judicial está integrado por Roberto Torres Cardozo; Luz Antúnez de Estigarribia, Alberto Martínez Franco y Edward Vittone Rojas. Cada uno de ellos percibe más de G. 36 millones al mes, incluida la bonificación. Es decir, ganan G. 4 millones menos que los ministros de la Corte, cobran mensualmente más de G. 40 millones, contando los G. 9 millones que se autoasignaron por “responsabilidad en el cargo”.

Las bonificaciones y gratificaciones no se compadecen con la política de austeridad que pregonan desde el Poder Judicial y de otros poderes del Estado, donde despilfarran dinero público.