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En México ya suman 17 asesinatos y 2 desapariciones de religiosos desde el 2012.
Fuente: BBC Mundo

Tras el asesinato de tres sacerdotes en menos de una semana, la Iglesia católica mexicana lanzó sus dardos contra las autoridades a quienes cuestiona su incapacidad de controlar al crimen organizado y que se criminalice a las víctimas.

El sábado en la noche se localizó el cadáver de José Alfredo López Guillén, párroco en la localidad de Janamuato, en el estado de Michoacán, y su caso se sumó al de Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz, encontrados sin vida el lunes tras ser secuestrados en su iglesia en Poza Rica, Veracruz.

Con la muerte de López Guillén, suman 17 asesinatos y dos desapariciones de religiosos desde fines de 2012, según datos del Centro Católico Multimedial (CCM), que considera a México como el país de América Latina más peligroso para los religiosos católicos.

En total, desde 1990, se realizaron 56 ataques y más de 3.000 templos católicos fueron profanados en la última década.

"Es (por) la incapacidad que han tenido estos gobiernos de controlar el crimen organizado", le dice a BBC Mundo, el director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo Valdemar, quien critica que las autoridades busquen criminalizar a las víctimas.

"En el caso de Veracruz se los acusa prácticamente de parranderos, de borrachos, y en el caso de Michoacán peor todavía, sacan un falso video dando a entender que tenía situaciones de pedofilia", señala.

"Lo que están demostrando", añade, "es una total carencia de profesionalidad de las investigaciones y una gran irresponsabilidad al querer dar soluciones apresuradas".

Los casos

La fiscalía de Veracruz aseguró que los responsables del crimen conocían a sus víctimas y habían estado bebiendo alcohol con ellos y que también robaron 5.000 pesos (unos US$250) de las limosnas y dos camionetas.

Valdemar rechaza esa versión -defendida por el fiscal tras los cuestionamientos-, asegura que las autoridades descartaron rápidamente otras que también circulan y señala que el crimen organizado estuvo detrás del ataque: "Ahora resulta que es la policía más eficaz del mundo, eso es absurdo, es irresponsable, lo resolvieron en menos de 24 horas".

A los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz un grupo de hombres armados los sacó a la fuerza de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Poza Rica la noche del domingo.

Mientras la policía los buscaba en la tarde del lunes, los cuerpos de los hombres, de 50 y 30 años respectivamente, fueron encontrados sobre la carretera a menos de 15 kilómetros de donde habían sido secuestrados.

En el caso de Michoacán, el sacerdote había sido visto por última vez en la noche del lunes en la casa parroquial de la iglesia de la Santísima Trinidad, pero no fue hasta el miércoles que un familiar suyo realizó la denuncia y un día después la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) confirmó su desaparición.

De acuerdo al cardenal Alberto Suárez Inda, el sacerdote en Michoacán fue sacado a la fuerza y los criminales se llevaron objetos de valor y un vehículo de la casa parroquial, que fue localizado volcado el martes a 90 kilómetros del lugar.

Tras la difusión de un video donde supuestamente se ve a López Guillén junto a un menor en un hotel, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, había informado en la semana que el sacerdote se encontraba con un joven de 16 años en la casa parroquial y que ambos desaparecieron luego de que les entregaran un pedido de comida.

Esta versión fue rechazada por Valdemar quien señaló que hay un interés del partido político en el gobierno en el estado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), "de atacar y desprestigiar a la Iglesia, no me sorprendería que fuera una táctica ideológica de ese partido de atacar a la Iglesia".

"Ellos quieren justificar de cualquier manera que (los ataques a sacerdotes) no son por su incapacidad sino que responden a situaciones personales. Es una manera muy absurda de querer dar a entender que no es el crimen organizado", consideró.

La CEM emitió un comunicado en el que exigió "que no se manche el nombre de ningún sacerdote, ni de ninguna persona, sobre todo cuando no se tienen concluidas las investigaciones".